El Hombre Fuerte de Colombia, de Héroe a Criminal
La figura política más influyente de las últimas dos décadas en Colombia ha sido sin lugar a dudas, Álvaro Uribe Vélez, presidente durante dos períodos, 2002–2010, y senador desde 2014. Su contribución para llevar el monopolio de la violencia bajo “control estatal” en el momento en las guerrillas comunistas estaban en la cima de su poder y controlaban grandes extensiones del país, fue suficiente para que la mayoría lo viera como un salvador.
Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, después de Brasil y México, y tiene la cuarta economía más grande de la región. Cuando Uribe
llegó al poder, era imposible viajar de forma segura entre las dos ciudades más grandes del país, los secuestros abundaban y el turismo internacional estaba en su punto más bajo. Para entonces, los observadores internacionales lo consideraron un estado fallido. Durante su primer mandato, la política de “seguridad democrática” de Uribe respaldada por el ejército estadounidense, logró una reducción significativa en las áreas controladas por la guerrilla. Gracias a ello, el país logró crecer como sus pares durante el boom de las materias primas de principios de siglo.
En este contexto, Uribe ganó su candidatura a la reelección en 2006 (para lo cual el congreso tuvo que enmendar la constitución) por abrumadora mayoría. En ese momento, pocas voces se atrevían a criticar al hombre que había rescatado al país del caos. Pero durante su segundo período, comenzaron a surgir más y más escándalos. A fines de 2006, más de 30 congresistas que apoyaban a Uribe estaban siendo investigados por la Corte Suprema por apoyar a grupos paramilitares (uno de ellos era su primo hermano). En 2008, una congresista, que apoyó el proyecto de ley de reelección de Uribe, confesó que le ofrecieron un soborno para ello. En 2009, el Departamento de Seguridad Administrativa fue investigado por interceptar a jueces, políticos de oposición y periodistas como un favor pagado por narcotraficantes. Ese mismo año, el Congreso debatió el hecho de que los hijos de Uribe convirtieron $ 15,000 en $ 1,4 M en dos años, luego de haber comprado terrenos en las afueras de Bogotá que los legisladores locales pronto declararon zona franca. Y la lista continúa.
Aunque su coalición en el congreso aprobó una nueva enmienda a la constitución para permitir una segunda reelección, la corte constitucional la bloqueó. Sin embargo, con el apoyo de Uribe, su anterior ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ganó las elecciones de 2010. Santos, miembro de la élite capitalina (Uribe es de Medellín y más afiliado a los intereses de los grandes terratenientes), rápidamente puso en marcha su propia agenda centrada en llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla. Tal decisión convirtió a su mentor en su oponente más feroz.
¿Por qué Uribe se opuso a las conversaciones de paz desde sus inicios? ¿Previó que el resultado sería una jurisdicción especial en la que todos los actores del conflicto podrían confesar sus crímenes para obtener sentencias reducidas? Esta parece la única respuesta plausible.
El pasado oscuro de Uribe
En 1980 un joven Uribe obtuvo su primer puesto relevante como servidor público, al frente de la agencia nacional del espacio aéreo. Su antecesor había sido asesinado por la mafia por no autorizar el registro de nuevas aeronaves, rutas o pistas de aterrizaje privadas. Durante el tiempo de Uribe en el cargo, se otorgaron muchas licencias a narcotraficantes para aviones y helicópteros y, de destacar, se aprobó la pista de aterrizaje en la más famosa propiedad de Pablo Escobar.
Luego de décadas de investigaciones, en noviembre de 2019, la Fiscalía y Fiscal General condenaron al hermano mayor de Uribe, Santiago, por la formación de grupos paramilitares en la década de los 90 en el estado de Antioquia. Uribe fue gobernador de este estado de 1995 a 1997.
Uribe se encuentra actualmente en detención domiciliaria tras una orden de la Corte Suprema que lo acusa de cometer actos de fraude, soborno y manipulación de testigos y está siendo investigaado también por hacerse el de la vista gorda ante dos masacres perpetradas por paramilitares durante su mandato como gobernador.
Un memorando recientemente desclasificado del Departamento de Defensa de los EEUU de 2004 muestra que un funcionario de alto nivel sospechaba fuertemente que Uribe tenía un historial de tratos con paramilitares.
Como la mayoría de las élites latinoamericanas, la de Colombia históricamente ha exhibido altos niveles de corrupción. Un fenómeno que se extiende desde los niveles superiores de la administración pública a los inferiores. Lo que distingue a Colombia, y lo ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, es el hecho de que desde finales de los 50 tenía grupos guerrilleros comunistas y desde principios de los 80 una mafia de la droga extremadamente poderosa. La mafia, con su dinero infinito, se integró rápidamente a las élites tradicionales del país, dando origen a algunos de los ejércitos más brutales de la historia moderna, grupos paramilitares que defendían sus intereses comunes contra la guerrilla o cualquier otro actor político que los desafiara.
Además de las innumerables muertes de combatientes y civiles atrapados entre el fuego, este arreglo también es responsable del asesinato en los años 80 y 90 de más de 3000 líderes y miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, así como del homicidio de figuras políticas notorias y periodistas como Rodrigo Lara, ministro de Justicia en 1984, Guillermo Cano, director del segundo mayor diario en 1986, Luis Carlos Galán, candidato presidencial a las elecciones de 1990 (y seguro ganador) en 1989 y Jaime Garzón, periodista y humorista en 1999, entre muchos otros.
Acuerdo de paz y situación actual
Tras distanciarse de Uribe, Juan Manuel Santos logró ser reelegido para el período 2014–2018 con la promesa de firmar un acuerdo de paz con las FARC EP que pondría fin a más de seis décadas de conflicto. Logró este objetivo a mediados de 2016. A fines de ese mismo año, Colombia había alcanzado su tasa de homicidios más baja en 42 años, Santos ganó el Premio Nobel de la Paz y The Economist nombró a Colombia “País del Año”.
A pesar de la tan prometedora perspectiva, el apoyo a Uribe no disminuía y su influencia volvió a ser decisiva en las elecciones de 2018. Ser “el que dijo Uribe” fue suficiente para que un joven senador de su partido fuera elegido presidente en 2018, una vez más haciendo campaña contra el tratado de paz. A diferencia de Santos, Iván Duque garantizaba la obediencia a su mentor, debido a su muy bajo reconocimiento público y la inexistente posibilidad de llegar a ser presidente de otra manera.
Hoy, la violencia en Colombia vuelve a estar fuera de control, con más de 60 masacres registradas este año. Además del asesinato continuo de líderes sociales, civiles que usualmente reclaman tierras o la verdad (según lo pactado en el tratado de paz), o que quieren participar en política, oponerse a economías ilegales o defender causas ambientales.
Como muestra el gráfico siguiente, Uribe ha tenido bastante éxito en frenar el avance de la implementación del acuerdo de paz.
¿Quiénes son los seguidores de Uribe y por qué lo apoyan?
Los “uribistas”, como se les conoce en Colombia, tienen varias cosas en común con los seguidores de otros movimientos de extrema derecha, como Brexit o Trump. Los grupos de mayor edad tienen una mayor representación en este electorado. Los baby boomers que vivieron décadas de la Guerra Fría están eternamente agradecidos con el hombre que “liberó” a Colombia de las garras de las guerrillas comunistas. Uribe también ha logrado astutamente convencer a conservadores de todas las edades de que la intención de la oposición, independientemente de su matiz político, es convertir al país en una nueva Venezuela.
Los grupos religiosos, principalmente evangélicos en el caso de Colombia, son uno de sus baluartes. Los colaboradores de Uribe cortejaron hábilmente a esta circunscripción destacando como un ataque a los valores familiares tradicionales el hecho de que el acuerdo de paz establecía que toda la sociedad debería beneficiarse por igual de la implementación del tratado, incluidas las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT.
Y finalmente, contra toda evidencia, el núcleo de su base niega cualquier delito cometido por su líder, mientras que los menos extremistas argumentan “lo que hizo tenía que hacerse” y / o “¿qué político de la historia reciente de Colombia no se le ha asociado la mafia?”
Ni el más feroz de sus oponentes espera que Uribe termine en la cárcel mientras los ex líderes de las FARC están en el Congreso. Pero como todos los demás actores principales del conflicto interno de Colombia, Uribe debe someterse a la jurisdicción especial creada por el tratado de paz y confesar sus crímenes. Hacer esto sería una contribución invaluable para ayudar al país a pasar página de uno de los capítulos más oscuros de su historia.
